La Administración exige a las empresas con las que contrata obras, suministros o servicios, una fianza (que puede ser un certificado de caución emitido por la compañía de seguros, un aval prestado por una entidad financiera o una cantidad en metálico) que garantice el cumplimiento del contrato.

Mediante la Póliza de Caución, emitida por una compañía aseguradora, se garantizan obligaciones contraídas con la Administración Pública.

En el caso de contratistas y suministradores de las Administraciones Públicas, las fianzas más habituales son las siguientes:

> Licitación: se responde del mantenimiento de la oferta presentada para contratar una obra o suministro. El importe de la garantía es un 2 % del presupuesto de licitación.

> Ejecución: se garantiza el cumplimiento del contrato según las condiciones adjudicadas. El importe es un 4 % del presupuesto aceptado por la Administración.

> Acopio de materiales: se asegura que el material acopiado se incorporará a la obra. Suelen ser fianzas por anticipos a cuenta del precio final ejecutado de la obra. El importe es por el 100 % del acopio.

> Garantías de retenciones: sustituyen a las retenciones concretadas en las certificaciones de obra. Puede decirse que son garantías que complementan la de ejecución. El importe es el de la retención.

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